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Han empezado ya los “audiencias sobre el campo” (field hearings) del Congreso de Estados Unidos (EU) para determinar el marco de una Ley Agrícola (Farm Bill) para 2012. ¿Por qué ocurre de forma tan anticipada esta iniciativa, a pesar de otros asuntos legislativos de emergencia y cuando apenas se ha implementado la Ley Agrícola de 2008? Entre las muchas razones, dos me parecen principales: la crisis económica y el cambio climático.
El Censo Agrícola federal indica que sólo dos por ciento de la población rural estadounidense es agricultor de tiempo completo. (No hay un censo oficial de los trabajadores agrícolas, mayormente de origen mexicano y en parte indocumentados.) Dado este hecho y la crisis del empleo rural, el Departamento de Agricultura de EU (USDA) quiere invertir más de su presupuesto en el desarrollo rural, sobre todo en la creación de empleos no agrícolas.
Pero los miembros del Congreso, quienes han orientado los subsidios hacia una lista restringida de materias primas, están en desacuerdo con la inversión pública en desarrollo rural. Para ellos, lo prioritario es definir los subsidios y su reparto en formas que no propicien disputas comerciales ni represalias desde la Organización Mundial de Comercio (OMC). Quieren evitar lo que ha pasado con el programa de subsidios al algodón, el cual fue objeto de una demanda de parte de Brasil y fue calificado de ilegal por la OMC.
El seis de abril se anunció un acuerdo entre EU y Brasil, según el cual el gobierno estadounidense pagará anualmente al país sudamericano 147 millones de dólares por concepto de “ayudas técnicas” para los algodoneros hasta que el Congreso cambie la Ley Agrícola para cumplir con el fallo de la OMC del 2008. Bajo este peso jurídico y fiscal, los miembros de los comités de agricultura en el Senado y la Cámara de Representantes quieren tomar medidas para asegurar los fondos de 2012-2017 para los productores agropecuarios. Pero sin incitar más disputas comerciales ni resoluciones adversas de la OMC.
Se espera reclasificar los subsidios inconsistentes con la OMC para que quepan en la “caja verde”, la cual supuestamente no distorsiona el comercio. Entre los subsidios permitidos están los que subvencionan la compra de pólizas de protección contra la pérdida de las cosechas y los que sirven para proteger el medio ambiente. En las audiencias campesinas se ha hecho hincapié en la importancia de no recortar estos subsidios, pues se rumora que la Ley Agrícola 2012-2017 los reducirá en siete mil millones de dólares a lo largo de los cinco años.
Nadie quiso hablar del cambio climático como una razón del inicio anticipado de la elaboración de consensos hacia la Farm Bill de 2012. Ocurre que los granjeros y terratenientes miembros del American Farm Bureau niegan la existencia de este fenómeno planetario y, por ende, rechazan la necesidad de limitar los gases de efecto invernadero (GHG, por sus siglas en inglés). Ellos portan gorros de béisbol con el lema “Don’t cap my future!” (¡Que no se limite mi futuro!).
Los socios de la National Farmers Union, por otro lado, creen que sí existe el cambio climático y que ciertas prácticas agrícolas pueden reducir los GHGs. La organización misma facilita la venta de bonos de reducción de los GHGs en la Bolsa de Clima de Chicago, y aboga para que el Congreso apruebe una ley que haga obligatorias y masivas estas ventas. Pero es poco probable que el Congreso apruebe una ley sobre el cambio climático en 2010.
Mientras tanto y de cara a las crisis climáticas cada vez más frecuentes, costosas y a veces violentas, los granjeros –crean o no en el cambio climático–, quieren que el Congreso aumente los subsidios gubernamentales a la compra de pólizas de seguros para proteger la viabilidad de sus fincas. Están enfrentando tormentas financieras también, causadas por precios bajos pagados por la agroindustria, en muchos casos por debajo del costo de producción.
El USDA, después de dos décadas de indiferencia a las prácticas anti-competitivas de la industria agropecuaria, lanzó en marzo unas audiencias campesinas para averiguar si empresas como Monsanto han impuesto precios de usura a las semillas y los demás insumos. Si los costos de producción son altos y los precios de materias primas siguen vinculados a la volatilidad de Wall Street, los agricultores buscarán cualquier fuente de estabilidad.
Por eso, buscan los granjeros su salvación en una Farm Bill con subsidios para compensar los daños del cambio climático y los precios volátiles e inferiores en general al costo de producción.
Poco ha servido la retórica agropecuaria de que la salvación campesina se encuentra en las exportaciones subsidiadas. La fórmula pronunciada por el secretario de Agricultura, Tom Vilsack, para concluir las negociaciones agrícolas de la Ronda de Doha de la OMC es de una matemática utópica: Estados Unidos –propone el funcionario– reducirá sus subsidios a la par con el valor comercial de la reducción de aranceles de los miembros de la OMC. EU exige un acceso inmediato e universal a los mercados, mientras que los pagos de subsidios de emergencias, cada vez más frecuentes, contrarrestan el recorte prometido de los subsidios. Por eso, el intercambio exigido por Vilsack es más bien un cálculo político para posponer una conclusión de negociaciones en la OMC hasta que haya un consenso sobre la próximo Farm Bill. Luego será deber de los negociadores de EU que se conforme el próximo Acuerdo sobre Agricultura de la OMC con los términos y cifras presupuestarias de la Farm Bill.
Con la Ronda de Doha estancada, la diplomacia comercial de la administración de Obama se ha enfocado en la vigilancia de los acuerdos vigentes y en las disputas comerciales, mayormente sobre barreras no arancelarias. Entre ellas destacan las de tipo sanitario que enfrentan a EU con México, pero también con Brasil, China, Japón, Rusia, Corea del Sur y Vietnam. La mayoría de estas disputas tiene que ver en parte con asuntos auténticos de salud humana, animal y vegetal. Sin embargo, también hay un trasfondo común de una concurrencia desleal de las industrias agropecuarias trasnacionales, sobre todo de cárnicos, que afecta a los productores nacionales.
Por ejemplo, Tim Wise y Becky Rakocy de la Universidad de Tufts (Boston, EU) mostraron cómo Smithfield se ha beneficiado de un subsidio implícito y fuera de regla de la OMC y del TLCAN, que aplica sobre la alimentación animal estadounidense por debajo del costo de producción (http://www.ase.tufts.edu/gdae/Pubs/rp/PB10-01HoggingGainsJan10.html). Entre 1997 y 2005, los autores estimaron este subsidio en un valor de dos mil 500 millones de dólares. Smithfield en México se ha beneficiado también de este subsidio, además de la importación libre de maíz. Esto favorece a las operaciones de grandes granjas porcícolas, donde los animales están confinados en condiciones que propician enfermedades y contagios que dañan la salud animal y pública. Ni los estadounidenses ni los mexicanos han encontrado la salvación en este sistema ampliamente subsidiado del comercio agropecuario.
Instituto de Políticas Agrícolas y Comerciales (IATP)
Cómo opera la Farm Bill
Para entender la famosa Farm Bill o Ley Agrícola de Estados Unidos (EU) es necesario entender el modelo que está detrás de las políticas de este país. Desde los años 70s el sistema de agricultura de EU se ha estado diseñando para dotar a los gigantes del comercio de granos y cereales como Archer Daniels Midland (ADM) y Cargill de las herramientas necesarias para capturar mercados alimentarios nacionales e internacionales.
Estas empresas ingresan en los mercados del Tercer Mundo por medio de mecanismos estrechamente vinculados entre sí. En primer lugar, trabajan mano a mano con el gobierno de EU y con instituciones como la Organización Mundial de Comercio (OMC), el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para forzar a los países del Tercer Mundo a abrir sus puertas a las exportaciones agrícolas de EU y a recortar drásticamente sus aranceles y otras medidas de protección de sus mercados y sus productores nacionales. Una vez abiertos los mercados, el segundo paso es derribar la competencia de los productores locales por medio de una política de precios bajos, que de hecho es el verdadero motivo detrás de las leyes agrícolas que se hacen cada cinco o seis años. Para dominar los mercados de terceros países, estas empresas necesitan ofrecer un alto volumen de mercancías baratas, lo cual no representa para ellas ningún problema ya que les es fácil ofrecer granos a un precio tan bajo que nadie puede competir con ellas. Cada seis años surge una nueva Ley Agrícola diseñada para reducir los precios a niveles de, o, en ocasiones, por debajo de los costos de producción. El propósito de los subsidios que paga el gobierno de EU a los grandes agricultores es otorgarles pagos compensatorios que les permitan vivir y crecer en condiciones de contracción de precios que de otra manera les imposibilitarían seguir produciendo.
Que muera el pequeño agricultor. La Farm Bill beneficia enormemente a los grandes productores de cultivos predilectos como el maíz, soya y algodón, pero perjudica al pequeño agricultor familiar. No es exagerado afi rmar que la Ley Agrícola deja perder a la granja familiar, pues pasa por alto todos los temas por los que tanto habían luchado los pequeños agricultores y las organizaciones campesinas –como por ejemplo la prohibición de que las empacadoras de carne posean ganado en pie, o que un agricultor familiar pueda benefi ciarse del Programa de Incentivos para la Calidad Ambiental, o la posibilidad de incrementar el ingreso agrícola por medio de empréstitos o de subsidios. La Ley Agrícola reformula las desigualdades preexistentes. Un diez por ciento de las personas que reciben subsidios agrícolas prácticamente captan dos terceras partes de los fondos, mientras que 80 por ciento recibe tan sólo la sexta parte.
Los estadounidenses no pueden consumir toda la producción agrícola de su país, por ello deben vender más al extranjero. Alrededor de 25 por ciento del ingreso de los agricultores de EU es generado por las exportaciones, lo que signifi ca que los mercados extranjeros son esenciales para la sobrevivencia de los productores. Para ponerlo en términos más simples: “lo que queremos es vender nuestra carne, maíz y frijol a la gente alrededor del mundo que necesita comer”, según dijo George W. Bush en mayo de 2002, cuando era presidente de EU.
La Ley Agrícola está basada en el mito de que las exportaciones son la única posibilidad de salvar al pequeño agricultor de EU. Sin embargo, esto no se ha cumplido. Los bajos precios de las mercancías han causado el incremento de ganancias de las empresas procesadoras, exportadoras y productoras de semillas y químicos y han destruido el modus vivendi de los agricultores familiares.
* Este texto fue armado con extractos tomados del texto “Perdiendo nuestra tierra: la Ley Agrícola de 2002”, de Anuradha Mittal y Peter Rosset, que se publicó en el libro Cosechas de ira, de Armando Bartra, editado por Itaca, 2003.
*This piece was originally published by La Jornada del campo.
