Una radiografía de las organizaciones agrarias Movimiento campesino: las razones de la furia Jesus Ramirez Cuevas La mayoría de los agricultores y productores rurales que participa en el movimiento que pugna por la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, representa a sectores rurales medios y pequeños que hicieron todo lo posible por incorporarse a la modernización del campo mexicano y jugar las reglas del mercado, pero que fueron abandonados por el gobierno. Su fracaso es síntoma tanto de las políticas económicas del gobierno como de la imposibilidad de que los campesinos puedan incorporarse a la competencia internacional en las condiciones actuales. A pesar de los esfuerzos y de algunas experiencias exitosas, la mayor parte de los productores medianos y pequeños están quebrados. En medio de este desastre económico, las organizaciones además viven una crisis de representación política En los ultimos 10 años, el movimiento campesino ha experimentado cambios profundos. El fin del reparto agrario, la reforma al artículo 27 constitucional –que vulneró la propiedad social de la tierra– y la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), obligaron a las organizaciones campesinas –las “oficiales” y las llamaas independientes– a incluir una visión productiva. Estas transformaciones cambiaron las relaciones con el gobierno y con sus bases. De la lucha por la tierra pasaron a la lucha por el mercado y a la construcción de estructuras en las cadenas productivas. Estos años se han creado infinidad de empresas sociales que han diversificado la representación política y social de la población rural. La nueva concepción campesina de apropiarse de las distintas fases de producción y comercialización, la apuesta para promover una cultura productiva, a pesar de esfuerzos importantes en diversas regiones del país, está al borde o en la ruina por la competencia desleal y las diferencias abismales ante los competidores de Estados Unidos y Canadá. El mapa de las organizaciones campesinas, dispersas a principios del siglo XX y luego centralizadas en una organización nacional, la Confederación Nacional Campesina (CNC), se ha vuelto a multiplicar en cientos de organizaciones y experiencias locales y regionales con escasas ligas a nivel nacional. En la última década, la cultura empresarial de la tierra entre los campesinos ha dejado rezagada la visión de las principales organizaciones campesinas, cuya función había sido el control político, o en el caso de las independientes, la lucha por la tierra y por la organización productiva. De las tradicionales organizaciones creadas alrededor de la lucha por la tierra, a partir de fines de los ochenta y durante los noventa, surgieron redes y estructuras campesinas de pequeños y medianos productores para adaptarse a las nuevas condiciones de la competencia económica. Surgieron uniones de ejidos, uniones de crédito, uniones agrícolas, sociedades cooperativas, sociedades de producción, de comercialización, cajas de ahorro popular y bancos campesinos. Estas estructuras transformaron la organización de los campesinos en su esfuerzo por abarcar cadenas productivas completas. Para enfrentar los desafíos de la apertura comercial, la privatización de la economía y el retiro de la intervención gubernamental en los mercados agropecuarios, numerosas agrupaciones de productores, sobre todo de granos, decidieron emprender el camino de la participación directa en la comercialización de sus cosechas. Con el propósito de defender su existencia como productores evolucionaron de organizaciones que luchaban por la tierra a organizaciones para la producción y la comercialización. Víctor Suárez, de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), explica que “estos 10 años no nos hemos quedado esperando la ayuda del gobierno, hemos ensayado modelos de desarrollo propios y alternativas campesinas a las políticas del mercado. Hemos creado empresas campesinas, desarrollado estrategias de comercialización y capitalización propias. Pero al no haber apoyo y ante una competencia totalmente desventajosa y desleal no podemos sostenernos. Esa es la base de esta protesta. Somos productores que estamos dispuestos a entrarle al mercado, que hemos trabajado duro pero el gobierno nos ha abandonado”. Crisis de las organizaciones Frente a estas políticas de los últimos 20 años, los campesinos han mantenido en distintos momentos acciones de resistencia política y económica, pero no han detenido ni la crisis del campo, ni la visión neoliberal del gobierno, ni han mejorado las condiciones de vida y producción de los campesinos. Las reformas al artículo 27 y la creación de un mercado de tierras y aguas por parte del gobierno fueron posibles gracias al apoyo, a la sumisión o la falta de fuerza política del movimiento campesino. El gobierno de Carlos Salinas promovió la privatización de la propiedad social y la apertura comercial. Para ello, logró contener y cooptar a buena parte del liderazgo campesino. De esta manera surge el Congreso Agrario Permanente (CAP). Por interés de Carlos Salinas, el entonces dirigente de la CNC, Maximiliano Silerio Esparza, convocó el 6 de enero de 1989 a la creación de una instancia que unificara “a todas las corrientes progresistas que luchan por el bienestar social, económico, político y cultural de los campesinos, para constituir un foro plural y democrático en donde se diriman por la vía del diálogo y la concertación política las diferencias y controversias”. La iniciativa de Salinas también surge como respuesta al apoyo en el campo que recibió Cuauhtémoc Cárdenas como candidato a la Presidencia de la República en 1988. El 26 de noviembre de ese año, 12 organizaciones campesinas independientes que participaron en el Frente Democrático Nacional (FDN) firmaron el Convenio de Acción Unitaria Campesina con miras a convertirse en una organización única de filiación cardenista. En esa instancia participaron siete organizaciones que se integraron al CAP al año siguiente: la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), la Alianza Campesina del Noreste (Alcano), la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), la Unión General Obrera, Campesina y Popular (UGOCP), la Central Campesina Cardenista (CCC) y el Movimiento de los 400 Pueblos. En 1992, el gobierno salinista logró controlar al movimiento campesino con apoyos económicos selectivos. La mayor parte de los dirigentes del partido oficial e independientes firmaron –algunos bajo protesta– el apoyo a la reforma del artículo 27 constitucional. Las organizaciones que se opusieron apenas lograron efectuar algunas movilizaciones, pero éstas fueron insuficientes para revertirla. El debate en el interior del CAP provocó su primer cisma. Algunas organizaciones se dividieron entre los que rechazaban y los que apoyaban la reforma y la firma del TLCAN. “El control político en el campo también contribuyó a su devastación. Las organizaciones independientes no tuvieron la fuerza suficiente para obligar al gobierno a cambiar su política o fueron asimilados por la política de la ‘concertación’ inaugurada por Salinas. A partir de la entrada en vigor del TLCAN, en 1994, cayeron los subsidios y los apoyos al campo, se cerraron las puertas de la comercialización y los apoyos a la producción”, señala Víctor Suárez, vocero del movimiento El campo no aguanta más. El salinismo quebró la resistencia campesina y doblegó a las organizaciones agrarias. Tras la reforma al artículo 27 constitucional recibieron apoyos para sus proyectos, pero no como parte de una política de transformación del campo, sino con una lógica de contención del descontento social y de cooptación de las organizaciones. A partir de ese momento cambiaron las relaciones de las organizaciones de productores con el gobierno, el cual cerró los canales de negociación y redujo los recursos públicos y apoyos a los productores pequeños y más pobres. Las reformas legales y la apertura comercial produjeron una crisis en las principales organizaciones campesinas, que sufrieron una crisis de representatividad, al tiempo que sus proyectos para incorporarse a la lógica del mercado fracasaron por la falta de apoyos reales del Estado, las condiciones adversas del mercado, la competencia desleal y las asimetrías con los socios comerciales, principalmente con Estados Unidos. Las organizaciones campesinas vivieron divisiones internas y se debilitaron frente al gobierno federal y a sus propios agremiados. Los magros apoyos económicos gubernamentales se otorgaron selectivamente, condicionados al apoyo de los dirigentes a las políticas oficiales. A pesar de que en muchas regiones hubo brotes de protesta y de inconformidad, la mayor parte de las organizaciones campesinas buscaron adaptarse a las nuevas condiciones. El gobierno impulsó políticas de desarrollo y destinó recursos a los sectores más rentables y competitivos, dejando al resto de los productores a la deriva. El propósito era evidente: descampesinar el campo y concentrar el apoyo en los productores de la agroexportación. En los noventa surgió El Barzón, un movimiento que nació en el campo pero también incorporó a los deudores de la ciudad, y representó a empresarios medianos y pequeños que fueron excluidos del proyecto económico gubernamental. Sin embargo, al resolverse el problema de las carteras vencidas se mediatizó el movimiento. Las organizaciones más tradicionales, que surgieron en torno a la demanda de la tierra, se vieron obligadas a incorporar una visión de desarrollo para atender a las demandas de sus agremiados. En este sentido, los proyectos más avanzados (la UNORCA es la organización emblemática de ese proceso) entraron en crisis al no poder competir frente a las desiguales condiciones de producción y a los bajos precios internacionales. Sin olvidar que la política económica excluyó a los productores de alimentos. Pero lo anterior no explica por completo el debilitamiento del movimiento campesino en los últimos años. Otra de las razones es que los labriegos y pecuarios han estado bajo el control de representantes impuestos, sin actores políticos autónomos, apunta Víctor Suárez. La CNC, el principal instrumento del corporativismo agrario, se subordinó a los dictados del gobierno en turno. A traves del CAP, ocurrió lo mismo con diversas organizaciones oficiales e independientes. Otras más, se integraron a partidos políticos como el PRD o el PT, que las menospreciaron y regatearon su representación. En la mayoría de los casos, los partidos utilizaron a las agrupaciones sólo con fines electorales, y éstas a sus agremiados para obtener recursos económicos y posiciones políticas. ¿El cambio? La derrota del PRI y la llegada de Vicente Fox a la Presidencia de la República abrió expectativas de cambio. Pero el nuevo gobierno continuó la misma política económica que provocó la ruina del campo y la destrucción de la planta productiva nacional. En sus primeros meses, el presidente Fox y su gabinete agropecuario ubicó a las organizaciones campesinas y a sus líderes como parte de los enemigos a vencer en su administración, por ser los agentes de la resistencia al cambio. Sin embargo, dos años después, con el fin de contener las protestas y la inconformidad en el campo, los reconoce como interlocutores. Hoy la apertura comercial de casi todos los productos agropecuarios provocó el surgimiento de un movimiento agrario que pone en cuestión la política hacia el campo y las condiciones en que fue acordado el TLCAN. Para enfrentarlo, el gobierno echó mano de sus aliados naturales, los empresarios, pero también del corporativismo rural. Las organizaciones que avalaron la negociación del TLCAN, como la CNC, ante el ascenso del nuevo movimiento campesino y la presión de sus propias bases, se sumaron a la protesta y, al mismo tiempo, están buscando construirle una salida al gobierno. Alberto Gómez, de la UNORCA, denuncia que el nuevo régimen utiliza al viejo aparato de control campesino (a través del CAP). “El gobierno de Fox está reproduciendo el corporativismo rural para desmantelar el campo. Un ejemplo de ello es que en la nueva Financiera Rural les ha dado cuotas a la CNC, al Consejo Nacional Agropecuario, la Confederación Nacional Ganadera y al CAP. El foxismo le está dando oxígeno a las corporaciones para que le ayuden a controlar el descontento. Hay un doble discurso, como también lo hay con el sindicalismo; habla contra los caciques y el corporativismo pero en los hechos lo está apoyando y reforzando para apuntalar su política neoliberal. “Ante el cuestionamiento del movimiento campesino, el CAP se montó en el conflicto y se alió con (el secretario de Agricultura) Javier Usabiaga para ayudarle a resolver la protesta. La CNC estaba prácticamente desmantelada tras la derrota electoral de 2000 pero el gobierno la está reviviendo y hoy pretende convertirse en su interlocutor para los problemas del campo y quitarle apoyo al movimiento”, explica Gómez. Para Víctor Suárez, “el asunto central es que las organizaciones construyan una representación independiente de los partidos y logren movilizar a sectores de las regiones que están inconformes con la situación actual”. “En el campo se enfrenta la desnacionalización y la concentración en unas cuantas empresas de todas las cadenas de la industria agroalimentaria. Cuatro o cinco empresas trasnacionales concentran del 40 al 70% del mercado, según la rama. Esta concentración ha destruido a la pequeña y mediana agroindustria. La dependencia alimentaria implica una pérdida de soberanía. Hay una desruralización del país pero se deja sin opciones a los productores porque no hay empleos en las ciudades. Es una política deliberada para acabar con la organización de la población del campo y apropiarse de sus recursos naturales: tierra, agua, bosques y biodiversidad”, denuncia el dirigente del nuevo movimiento campesino. Según Alberto Gómez, “esta lucha no es a corto plazo, tampoco es por dinero ni por posiciones políticas. Es una lucha por la soberanía nacional que está en riesgo. No se trata de salvar a 4.5 millones de productores que viven del campo y a 180 mil comunidades rurales, sino del futuro del país. “Estamos defendiendo los derechos de los 25 millones de mexicanos que vivimos del campo. Primero queremos lograr la renegociación y el cambio de la política hacia el campo. Y en cinco años queremos lograr sacar al maíz y al frijol del TLCAN. “En este sentido es muy importante la cuestión de los indígenas, ya que son más de 10 millones que viven del campo y su futuro como pueblos depende de la viabilidad de su vida como campesinos. Recordemos que el 1 de enero de 1994 los indígenas chiapanecos se levantaron en armas en defensa de sus derechos y contra el TLCAN. Nuestra lucha tiene como antecedente a los zapatistas. “El Poder Legislativo y el Ejecutivo le han dado la espalda a los campesinos y a los indígenas. Para cambiar esta política entreguista es necesario crear un movimiento nacional”, afirma Gómez. Para ello también deberán superar la desconfianza que existe en torno a sus organizaciones y a sus prácticas corporativas y clientelares, señalan diversos especialistas. uuu En primer lugar está la CNC, encabezada por Heladio Ramírez, que representa el brazo corporativo del PRI, y fue la organización más importante del agro mexicano. Después está el CAP, donde confluyen 12 organizaciones, unas ligadas al PRI y otras independientes. Este organismo cupular está dividido en dos: en una parte está el CAM, la CCI, la UGOCP, la Alcano y la Unión General Obrera y Campesina de México (UGOCM). Dentro del CAP hay cinco organizaciones que participan en el movimiento El campo no aguanta más: la CODUC, la CIOAC, la CCC y la UNTA. En este movimiento participan además la Confederación Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC), la Red Forestal (Red Mocaf), la Asociación Mexicana de Unión de Crédito del Sector Social (AMUCSS), la ANEC, el Frente Nacional de Defensa del Campo Mexicano (FNDCM), la Unión Nacional de Organizaciones en Forestería (UNOFOC), el Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDCCh) y la Coordinadora Estatal de Productores Cafetaleros de Oaxaca (CEPCO). A estas agrupaciones se ha sumado El Barzón. La mayor parte de ellas son organizaciones enfocadas a la producción y comercialización agropecuaria. El movimiento El campo no aguanta más surgió el 12 de noviembre cuando hicieron público un manifiesto, signado por 12 organizaciones, en el que proponen seis medidas para salvar al campo. Como parte central de sus propuestas está la renegociación del apartado agropecuario del TLCAN. A partir de este año, el movimiento ha realizado en todo el país diversas acciones de protesta y de resistencia civil y pacífica para promover la idea de que salvar al campo es salvar a México para defender la soberanía alimentaria del país. El 31 de enero más de 60 mil personas se manifestaron por las calles de la capital en favor de esas demandas, la movilización campesina más importante en los últimos 10 años. En el otro sector, está el Congreso Nacional Indígena (CNI) –que representa la fuerza indígena más importante del país– que no se ha sumado a la movilización a pesar de plantear demandas similares a las del movimiento El campo no aguanta más. En ese sector está el EZLN, además de los campesinos e indígenas ligados a otras expresiones sociales radicalizadas que simpatizan con otros grupos armados. Un mar de siglas Confederación Nacional Campesina (CNC) Confederación Agrarista Mexicana (CAM) Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM) Antorcha Campesina (AC) Movimiento Nacional de los 400 Pueblos Alianza Campesina del Noreste (Alcano) Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA) Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) Unión General Obrera, Campesina y Popular (UGOCP) Coordinadora Nacional de Unidad Campesina (CNUC) Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC) Central Campesina Cardenista (CCC) Central Campesina Independiente (CCI) Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC) Unión Campesina Democrática (UCD) Consejo Nacional de Sociedades y Unidades con Campesinos y Colonos (CONSUCC) Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS) Coordinadora Estatal de Productores Cafetaleros de Oaxaca (CEPCO) Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDCCh) El Barzón Además de estas organizaciones, también se puede contar a la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf) –que agrupa a campesinos e indígenas de varios estados del país, que se dedican a proyectos de desarrollo forestal sustentable–, la Unión Nacional de Organizaciones de Forestería Comunitaria (UNOFOC) y el Congreso Nacional Indígena (CNI) –que agrupa a organizaciones y pueblos indios en más de 20 estados y que representa la fuerza indígena más importante del país–. Organizaciones gremiales del sector privado Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad (CNPP) Confederación Nacional Ganadera Consejo Nacional Agropecuario |